El PSOE de Peal de Becerro muestra su rechazo a la reforma local del PP en su asamblea local.

La agrupación socialista de Peal de Becerro considera que la reforma planteada por el PP no sale al paso “de ningún problema” del Ayuntamiento de Peal de Becerro y busca utilizar la crisis “como coartada” para aplicar sus políticas de recortes.

La Asamblea Local del PSOE en Peal de Becerro muestra su rotunda oposición a la reforma de la ley de régimen local que prepara el Gobierno de Rajoy, que no busca ahorrar “sino cargarse concejales” y “quitar democracia”, algo que en el PSOE “no vamos a tolerar” según las opiniones vertidas por la Secretaria de Movilización Ciudadana de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén Teresa Vega.

En este sentido, el Secretario General del PSOE de Peal de Becerro, José Castro, señaló que su partido se había avenido al diálogo con el PP, pero el acuerdo ha resultado imposible “porque el PP ha tratado de imponer su modelo” y ahora trata de justificar la reforma local ante la opinión pública como “competencias impropias”, siendo un supuesto ahorro para la autonomía local que de aplicarse la reforma, conllevaría más gato municipal que obligaría a privatizar servicios que ofrecen los ayuntamientos de municipios pequeños como Peal de Becerro.

Castro considera que la reforma planteada por el PP no sale al paso “de ningún problema” de los ayuntamientos y busca utilizar la crisis “como coartada” para aplicar sus políticas, llamando “competencias impropias” a servicios públicos que se verían gravemente afectados junto al bienestar de los pealeños y pealeñas, y donde muchas de las medidas que se toman desde la alcaldía de Peal de Becerro como un plan de empleo municipal para paliar la situación de paro, se perdería las competencias en materia de igualdad y actuación sobre violencia de género; se perderían las competencias en materia de educación que tiene el consistorio con los Colegios Públicos Nª. Sª. de la Encarnación y Antonio Machado que conllevaría perder la respuesta municipal a la atención de los centros educativos y su mantenimiento diario; se perderían competencias en materia de juventud, que supondría eliminar muchas de las actividades culturales, deportivas y de ocio que se celebran en el municipio que pasarían a depender de otras instituciones.

Por ello, y a pesar de que el PSOE ha intentado “sinceramente” un acuerdo sobre cuestiones que juzga necesarias –como la revisión de estructuras locales, la eliminación de duplicidades o la revisión de la financiación local-, el pacto no ha sido posible. “¿Por qué lo llaman racionalización si están hablando de privatización?, ¿por qué hablan de intereses generales si están hablando de negocio privado?”, se preguntó el Secretario General, para quien la respuesta está clara: si hablaran con claridad en esta materia “perderían el apoyo de los ciudadanos, que no quieren que con sus servicios públicos y sociales se hagan negocios privados. Y por eso nos oponemos rotundamente”.

El PSOE de la Sierra de Cazorla destaca los 640.000 euros que el Plan Provincial de Diputación destina a la comarca para crear puestos de trabajo.

El PSOE de la Sierra de Cazorla ha puesto en valor el compromiso de las administraciones socialistas en la lucha contra el paro y la crisis. En la reunión del Comité Comarcal celebrada hoy en Chilluévar, los socialistas valoraron las medidas extraordinarias impulsadas por la Junta de Andalucía y el Plan Provincial de Empleo de la Diputación de Jaén, que destinará 640.000 euros a crear empleo en los municipios de esta comarca.

A la reunión asistió nuestro secretario general José Castro, la alcaldesa de Peal de Becerro, Juana Pérez, el miembro de la ejecutiva provincial  Pedro A. Martínez y el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, quien hizo un repaso de las actuaciones que están desarrollando Junta de Andalucía y Diputación para paliar los efectos de la crisis sobre los ciudadanos. Destacó en este sentido que las administraciones socialistas “le están demostrando al PP y al Gobierno de Rajoy que hay otra manera de hacer las cosas”. “Los socialistas trabajamos y legislamos pensando en los ciudadanos; el PP trabaja y legisla pensando en los bancos, en las grandes fortunas y en los defraudadores fiscales”, subraya.

Reyes recordó el calado de las iniciativas auspiciadas por el Gobierno andaluz, como el plan de choque por el empleo, el decreto para la función social de la vivienda o el paquete de medidas para evitar la exclusión social como consecuencia de la crisis y de los recortes del Gobierno de Rajoy. Asimismo, subrayó la importancia de tener un Gobierno en Andalucía que “defiende la sanidad, la educación y las políticas sociales” frente a un Gobierno del PP que está “empeñando en abrir todas las puertas a la privatización”.

Igualmente, indicó que la Diputación de Jaén está haciendo “un gran esfuerzo” para poder contribuir a esa lucha contra el paro, con medidas como el Plan Provincial de Empleo, una iniciativa que tendrá continuidad por segundo año y que en esta primera edición va a reportar para la comarca de la Sierra de Cazorla un total de 640.000 euros para la creación de puestos de trabajo.

“Lamentablemente, al PP le molesta mucho este plan de empleo, tal vez porque le recuerda que la Diputación de Jaén está haciendo lo que es obligación del Gobierno de España: luchar contra el paro, aunque sea desde nuestras modestas posibilidades”, afirmó. En este sentido, criticó que el Gobierno no apruebe un plan especial de empleo para Andalucía y Jaén, mientras que sí se lo aprobó a Canarias y Extremadura.

PSOE y CCOO comparten "preocupación" por los efectos "perniciosos" que puede tener la reforma local del PP sobre los ayuntamientos de la provincia.

El PSOE y CCOO muestran su “preocupación” por las consecuencias que la reforma local planteada por el PP va a tener sobre los ayuntamientos como Peal de Becerro. “En la provincia de Jaén, tendrá un efecto muy pernicioso porque la inmensa mayoría de los ayuntamientos son pequeños”.

Francisco Reyes denunció que la reforma se ha presentado “sin consenso”, atenta gravemente contra la autonomía municipal y pone en cuestión la continuidad de pequeños y medianos municipios. Añadió que “no da respuesta a los objetivos” que había fijado el ministro Montoro y que, al contrario, desde el PP se ha mentido.

En este sentido, subrayó que la deuda de los ayuntamientos apenas supone el 4% de la deuda pública total y recalcó que el recorte del número de personas dedicadas a los ayuntamientos no se va a cumplir. “Si se aplicara la reforma del PP, en la provincia de Jaén habría 120 liberados más entre cargos públicos y personas de confianza”, advirtió.

Por todo ello, reiteró que se trata de una propuesta negativa para el mundo rural, ya que “pone en riesgo la permanencia de los ciudadanos” en ese entorno.

Por su parte, José Moral afirmó que con la reforma local del PP “están en peligro los servicios públicos que se prestan por parte de los ayuntamientos”. Criticó que “se utiliza el principio de estabilidad para intervenir en las competencias municipales”, de manera que “cualquier cosa que piense hacer un ayuntamiento de esta provincia estará supeditado a que el Estado considere que se cumple o no se cumple ese principio de estabilidad”.

Igualmente, criticó que la propuesta del PP da “tremendas facilidades para privatizar servicios” y en cambio “hace complicado mantenerlos desde el Ayuntamiento”. La privatización de servicios tendrá “un impacto directo sobre el empleo”, advirtió Moral, quien también alertó sobre el hecho de que todavía “hay un buen número de ayuntamientos con los convenios colectivos en el aire”, por lo que “puede haber una debacle de derechos en las plantillas de los ayuntamientos”.

Manifiesto del PSOE-A en Defensa de la Administración local.

Conmemoración de las primeras elecciones municipales democráticas celebradas el 3 de abril de 1979

El 3 de abril de 2013 la democracia española conmemora el trigésimo cuarto aniversario de las primeras elecciones municipales. Aquel día, cientos de miles de andaluces y andaluzas inauguraban con su voto la democracia más inmediata que conocemos. Esa alegría recuperada en las plazas y calles de Andalucía, que tantos años había esperado a elegir en libertad a concejales y concejalas, contrasta con el horizonte político que tienen nuestros pueblos y ciudades merced a la reforma de la Administración Local que impone el Gobierno de España en manos del Partido Popular. Lo que fue ilusión ahora es incertidumbre, lo que fue esperanza ahora es desafección, lo que fue recuperar libertades y derechos, ahora es un lento e inexorable proceso de pérdida y recortes.

Concejales y concejalas en los ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades y diputaciones provinciales de Andalucía alzamos hoy día de la Democracia Local en España nuestra voz en contra de la propuesta de reforma de la Administración Local aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión de viernes 15 de febrero de 2013, fecha que pasará a la historia negra de la democracia en España por ser el comienzo de un ataque partidario contra la autonomía municipal, un principio constitucional y pilar básico de nuestro modelo de convivencia, de democracia y de participación de la ciudadanía.

Reiteramos públicamente, sin descanso y con la legítima ambición de frenar este severo golpe a la Constitución y al Estatuto de Andalucía, nuestro rechazo a la reforma articulada por el actual Gobierno central. Es un retroceso de la democracia en España, adoptado en un proceso actual de desafección colectiva hacia la política, de recortes de derechos fundamentales de la ciudadanía y de políticas erróneas y erráticas en materia económica, organización territorial y social.

La propuesta nutre punto por punto los males que aquejan a nuestra democracia, porque criminaliza con demagogia la representación y el ejercicio político municipal con un falso debate sobre retribuciones y sueldos, porque fulmina el principio de rentabilidad social de los servicios públicos, sobre todo aquellos que se prestan en municipios pequeños, porque aleja los centros de decisión política y reconcentra el poder en instituciones políticas de elección indirecta y porque va ser impuesta de manera dictatorial sin previo debate público y político sobre nuestro modelo territorial.

Los pueblos y ciudades perderán servicios o los van a tener más caros y de peor calidad. Los ayuntamientos de Andalucía van a salir a concurso público mediante la privatización de los servicios públicos de manera directa o mediante la recentralización de las competencias a las diputaciones provinciales, con el argumento de que cuesta mucho que los vecinos y vecinas de un pueblo de menos de 5.000 habitantes tengan derecho a los mismos servicios que los habitantes de las grandes ciudades, plagadas de asesores con sueldos millonarios. El espíritu de la reforma diluye el derecho a tener los mismos servicios públicos viva donde viva cada cual, a elegir libremente la residencia de nuestras familias, a tener derecho a vivir donde uno quiera.

Alertamos del impacto que tendrá la propuesta en el desmantelamiento del sector público, la liberalización de servicios y la privatización de sectores –sobre todo en las grandes ciudades y municipios-, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que calculamos pueden ser 250.000 en España y 40.000 en Andalucía.

En estos treinta cuatro años de gobiernos locales, nadie puede negar la función dinamizadora que han tenido los ayuntamientos, salvando las críticas, las más de las veces, de derroche de recursos públicos. A día de hoy, podemos afirmar con orgullo que ningún pueblo andaluz ha desaparecido en estas más de tres décadas de democracia local. Ha sido posible porque el desarrollo rural ha sido prioritario para los gobiernos de la Junta de Andalucía, como vehículo de cohesión territorial e igualdad de oportunidades.

El papel dinamizador de las políticas públicas y la contribución municipal en las economías locales puede ser historia, lo cual servirá de justificación futura para el remate final de esta reforma. El supuesto ahorro para los ayuntamientos, y por tanto, para los bolsillos ciudadanos es falso, ya que las competencias que pasan a las autonomías tendrán un coste que será abonado por los entes locales, y las competencias impropias dejarán de prestarse. Es decir, la propuesta no tiene nada que ver con mejorar la gestión, sino que persigue la eliminación o privatización de servicios. Los ayuntamientos seguirán pagando directa o indirectamente.

Proponemos afrontar con valentía un debate territorial, de competencias y financiación, en vez de fiar el futuro de nuestros pueblos y ciudades a los criterios del mercado, esas manos invisibles que se encargarán de recortar los servicios, imponer repagos y alejar del control ciudadano las decisiones del ámbito político. Esta reforma entrega en bandeja nuestros ayuntamientos a una nueva forma de especulación. A nuestro juicio, tiene similar calado en el futuro de nuestros pueblos que la ley del suelo promulgada en 1998, que desenfocó el desarrollo planificado y entregó el urbanismo a la especulación.

El articulado del proyecto de ley es un ataque a la autonomía local porque los municipios, sobre todo los menores de 20.000 habitantes, desaparecen de hecho. No es una afirmación exagerada, cuando la capacidad de decisión de los representantes municipales queda intervenida, en manos de diputaciones, y en los casos extremos, desapareciendo como administraciones.

La intervención y la retirada de competencias, justificada por los baremos de costes, rentabilidad y estabilidad presupuestaria que sean impuestos arbitrariamente por el Gobierno, convertirán a los gobiernos municipales en meros simulacros de representación política, y por ende, en un ficticio proceso de elección los comicios locales. Las decisiones se alejan de las plazas de los pueblos y se tomarán en despachos privados.

Treinta y cuatro años de democracia local cumplidos con la mirada puesta en el futuro que una legislación restrictiva quiere oscurecer. La defensa de la democracia local late en nuestros pueblos y ciudades, allí fue donde nuestra fuerza arraigó para alcanzar la autonomía andaluza y donde atesoramos los valores de igualdad, libertad y justicia social.