Conmemoración de las primeras elecciones municipales democráticas celebradas el 3 de abril de 1979
El 3 de abril de 2013 la democracia española conmemora el trigésimo
cuarto aniversario de las primeras elecciones municipales. Aquel día,
cientos de miles de andaluces y andaluzas inauguraban con su voto la
democracia más inmediata que conocemos. Esa alegría recuperada en
las plazas y calles de Andalucía, que tantos años había esperado a elegir
en libertad a concejales y concejalas, contrasta con el horizonte político
que tienen nuestros pueblos y ciudades merced a la reforma de la
Administración Local que impone el Gobierno de España en manos del
Partido Popular. Lo que fue ilusión ahora es incertidumbre, lo que fue
esperanza ahora es desafección, lo que fue recuperar libertades y
derechos, ahora es un lento e inexorable proceso de pérdida y recortes.
Concejales y concejalas en los ayuntamientos, entidades locales
autónomas, mancomunidades y diputaciones provinciales de Andalucía
alzamos hoy día de la Democracia Local en España nuestra voz en
contra de la propuesta de reforma de la Administración Local aprobada
por el Consejo de Ministros en su reunión de viernes 15 de febrero de
2013, fecha que pasará a la historia negra de la democracia en España
por ser el comienzo de un ataque partidario contra la autonomía municipal, un principio constitucional y pilar básico de nuestro modelo de
convivencia, de democracia y de participación de la ciudadanía.
Reiteramos públicamente, sin descanso y con la legítima ambición de
frenar este severo golpe a la Constitución y al Estatuto de Andalucía,
nuestro rechazo a la reforma articulada por el actual Gobierno central. Es
un retroceso de la democracia en España, adoptado en un proceso
actual de desafección colectiva hacia la política, de recortes de derechos
fundamentales de la ciudadanía y de políticas erróneas y erráticas en
materia económica, organización territorial y social.
La propuesta nutre punto por punto los males que aquejan a nuestra
democracia, porque criminaliza con demagogia la representación y el
ejercicio político municipal con un falso debate sobre retribuciones y
sueldos, porque fulmina el principio de rentabilidad social de los servicios
públicos, sobre todo aquellos que se prestan en municipios pequeños,
porque aleja los centros de decisión política y reconcentra el poder en
instituciones políticas de elección indirecta y porque va ser impuesta de
manera dictatorial sin previo debate público y político sobre nuestro
modelo territorial.
Los pueblos y ciudades perderán servicios o los van a tener más caros y
de peor calidad. Los ayuntamientos de Andalucía van a salir a concurso
público mediante la privatización de los servicios públicos de manera
directa o mediante la recentralización de las competencias a las
diputaciones provinciales, con el argumento de que cuesta mucho que
los vecinos y vecinas de un pueblo de menos de 5.000 habitantes tengan
derecho a los mismos servicios que los habitantes de las grandes ciudades, plagadas de asesores con sueldos millonarios. El espíritu de la
reforma diluye el derecho a tener los mismos servicios públicos viva
donde viva cada cual, a elegir libremente la residencia de nuestras
familias, a tener derecho a vivir donde uno quiera.
Alertamos del impacto que tendrá la propuesta en el desmantelamiento
del sector público, la liberalización de servicios y la privatización de
sectores –sobre todo en las grandes ciudades y municipios-, con la
consiguiente pérdida de puestos de trabajo, que calculamos pueden ser
250.000 en España y 40.000 en Andalucía.
En estos treinta cuatro años de gobiernos locales, nadie puede negar la
función dinamizadora que han tenido los ayuntamientos, salvando las
críticas, las más de las veces, de derroche de recursos públicos. A día de
hoy, podemos afirmar con orgullo que ningún pueblo andaluz ha
desaparecido en estas más de tres décadas de democracia local. Ha
sido posible porque el desarrollo rural ha sido prioritario para los
gobiernos de la Junta de Andalucía, como vehículo de cohesión territorial
e igualdad de oportunidades.
El papel dinamizador de las políticas públicas y la contribución municipal
en las economías locales puede ser historia, lo cual servirá de
justificación futura para el remate final de esta reforma. El supuesto
ahorro para los ayuntamientos, y por tanto, para los bolsillos ciudadanos
es falso, ya que las competencias que pasan a las autonomías tendrán
un coste que será abonado por los entes locales, y las competencias
impropias dejarán de prestarse. Es decir, la propuesta no tiene nada que
ver con mejorar la gestión, sino que persigue la eliminación o privatización de servicios. Los ayuntamientos seguirán pagando directa o
indirectamente.
Proponemos afrontar con valentía un debate territorial, de competencias
y financiación, en vez de fiar el futuro de nuestros pueblos y ciudades a
los criterios del mercado, esas manos invisibles que se encargarán de
recortar los servicios, imponer repagos y alejar del control ciudadano las
decisiones del ámbito político. Esta reforma entrega en bandeja nuestros
ayuntamientos a una nueva forma de especulación. A nuestro juicio,
tiene similar calado en el futuro de nuestros pueblos que la ley del suelo
promulgada en 1998, que desenfocó el desarrollo planificado y entregó el
urbanismo a la especulación.
El articulado del proyecto de ley es un ataque a la autonomía local
porque los municipios, sobre todo los menores de 20.000 habitantes,
desaparecen de hecho. No es una afirmación exagerada, cuando la
capacidad de decisión de los representantes municipales queda
intervenida, en manos de diputaciones, y en los casos extremos,
desapareciendo como administraciones.
La intervención y la retirada de competencias, justificada por los baremos
de costes, rentabilidad y estabilidad presupuestaria que sean impuestos
arbitrariamente por el Gobierno, convertirán a los gobiernos municipales
en meros simulacros de representación política, y por ende, en un ficticio
proceso de elección los comicios locales. Las decisiones se alejan de las
plazas de los pueblos y se tomarán en despachos privados.
Treinta y cuatro años de democracia local cumplidos con la mirada
puesta en el futuro que una legislación restrictiva quiere oscurecer. La
defensa de la democracia local late en nuestros pueblos y ciudades, allí
fue donde nuestra fuerza arraigó para alcanzar la autonomía andaluza y
donde atesoramos los valores de igualdad, libertad y justicia social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario